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Educación, minería, democracia y campo: resoluciones recientes que marcan la agenda jurídica


Ministerio de Educación regula tarifas para colegios privados en 2026

La Resolución 19805 de 2025 establece los parámetros para fijar matrículas, pensiones y cobros periódicos de los colegios privados para el año escolar 2026. El acto reglamenta el régimen de libertad regulada y promueve la educación inclusiva, incorporando incentivos para instituciones que atiendan población con discapacidad y cuenten con certificaciones de calidad.

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Congreso recibe carta ciudadana que respalda la reforma estructural al ICETEX

Más de 190 usuarios y codeudores enviaron una carta al Congreso solicitando aprobar el Proyecto de Ley 587 de 2025, que busca reformar el ICETEX. El documento denuncia el aumento de la deuda estudiantil tras la eliminación de subsidios y exige limitar intereses, prohibir la capitalización y restablecer los apoyos a estratos vulnerables.

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Agencia Nacional de Minería reserva áreas para minerales estratégicos

La Resolución VPF 2522 de 2025 define y reserva zonas del territorio nacional con potencial para la extracción de minerales estratégicos como cobre, níquel, zinc y litio. La medida prioriza la transición energética y el desarrollo sostenible, garantizando la consulta previa con comunidades y la articulación con los planes de ordenamiento territorial.

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Registraduría declara urgencia para contratar logística de consultas populares

Mediante la Resolución 12573 de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil declaró la urgencia manifiesta para contratar los servicios logísticos e informáticos requeridos para organizar las consultas populares e interpartidistas. El objetivo es garantizar transparencia, oportunidad y legalidad en estos mecanismos de participación democrática.

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Apoyo económico para productores de arroz en Arauca

El Ministerio de Agricultura expidió la Resolución 328 de 2025, mediante la cual se crea un apoyo temporal a los pequeños y medianos productores de arroz paddy verde en Arauca, afectados por la caída de precios y el aumento de costos. La medida busca proteger el ingreso rural y fortalecer la soberanía alimentaria.

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